Martes, Octubre 21, 2014
   
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Publicada en Gaceta Oficial la Ley de Costos y Precios Justos

Caracas, (NL).- La Presidencia de la República, mediante el Decreto N° 8.331, oficializa la Ley de Costos y Precios Justos. Este Decreto fue publicado en la Gaceta Oficial N° 39.715 del 18 de julio del 2011.

Este nuevo instrumento legal, se encuentra enmarcado en la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.009 Extraordinaria del 17 de diciembre de 2010.

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Breve reseña de la Ley de Costos y Precios Justos

Objeto del Decreto

El Decreto tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital.

Ámbito de aplicación

El Decreto es aplicable en todo el territorio nacional, a las relaciones establecidas entre sujetos de derecho público o privado que, con ocasión de su giro comercial, productivo o de prestación de servicios, determinen los precios que correspondan a la venta de bienes o la prestación de servicios, así como los costos inherentes a tales operaciones.

El Decreto es aplicable a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que, con ocasión del desempeño  de sus actividades dentro del territorio nacional, produzcan, importen o comercialicen bienes, o presten servicios, por lo cual reciban una contraprestación pecuniaria que satisfaga su intercambio, aún cuando los precios de los productos comercializados o los servicios prestados sean objeto de regulación por parte del Estado.

Los bancos e instituciones financieras sometidas a vigilancia de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, están exceptuadas de la aplicación del Decreto.

Fines del Decreto

Los fines del Decreto son:

  1. Establecer mecanismos de control previo a aquellas empresas cuyas ganancias son excesivas en proporción a las estructuras de costo de los bienes que producen o comercializan, o de los servicios que prestan.
  2. Identificar los agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas de productos, fijen precios excesivos.
  3. La fijación de criterios justos de intercambio
  4. Propiciar la implementación de precios justos a través de mecanismos que permitan sincerar costos y gastos.
  5. Promover el desarrollo de prácticas administrativas con criterio de equidad y justicias social
  6. Incrementar la eficiencia económica como factor determinante en la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas
  7. Continuar elevando el nivel de vida del pueblo venezolano
  8. Favorecer la inserción de la economía nacional en el aérea regional e internacional, promoviendo y favoreciendo la integración latinoamericana y caribeña, defendiendo los intereses económicos y sociales de la nación
  9. Proveer las herramientas para la captación de información que sirva a la formulación de criterios técnicos que permitan hacer efectivas las reclamaciones de los consumidores ante las conductas especulativas y otras conductas irregulares que menoscaben sus derechos en el acceso a bienes y servicios.

Superintendencia Nacional de Costos y Precios

El órgano rector es la Superintendencia Nacional de Costos y Precios que dicho Decreto creó, estableciendo su estructura, organización, atribuciones y facultades en los artículos 28 al  33 del Decreto.

La Superintendencia estará a cargo de un Superintendente cuyo nombramiento y remoción compete al Presidente de la República, siendo previstos sus requisitos y atribuciones en los artículos 34 al 37 del Decreto.

Según el artículo 84 del Decreto, hasta tanto la Superintendencia asuma la totalidad de las funciones previstas en el Decreto, los órganos y entes que las desempeñan a la fecha de entrada en vigencia, seguirán ejerciéndolas.

Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios

El Decreto previó que los sujetos deberán inscribirse y mantenerse actualizados en el “Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios” el cual estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios. El Vicepresidente y/o Ministros pueden exigir la obligatoriedad de la inscripción en dicho Registro con el objeto de realizar los trámites administrativos, o la obtención de autorizaciones o beneficios por parte del Ejecutivo Nacional.

Categorización de Bienes y Servicios

La Superintendencia podrá establecer la categorización de bienes y servicios, o de sujetos, atendiendo a los criterios  técnicos  que estime convenientes, pudiendo establecer distintos regímenes para bienes y servicios regulados, controlados o no sujetos, en función del carácter estratégico de los mismos y en beneficio y protección de los ciudadanos que acceden a ellos.

Determinación y Modificación de Precio

La Superintendencia determinará y modificará los precios sobre los cuales se regirá el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios.

Conforme con lo previsto en el artículo 16, se tendrán como determinados o modificados los precios que componen dicho Sistema cuando:

  1. El sujeto los hubiere determinado previo a la vigencia del Decreto, informándolos oportunamente a la Superintendencia, sin que dicho órgano hubiere efectuado la modificación de oficio del mismo.
  2. Hubieren sido regulados el precio del producto o servicio por el Ejecutivo Nacional.
  3. La Superintendencia proceda a determinar el precio justo del bien o servicio, o efectúe su modificación, de oficio, o a solicitud del interesado. La Superintendencia podrá prever la obligación a los sujetos de colocar en sus listas de precios, o en el marcaje de los productos, una leyenda que indique que los precios ha sido registrados, determinados o modificados de conformidad con el Decreto.

La Superintendencia se fundamentará para la determinación del precio justo de bienes y servicios en lo siguiente:

  1. Información suministrada por los administrados, conforme con sus estructuras de costos directos, indirectos, gastos generales, de administración, de distribución y venta, cuando procedan, así como la utilidad esperada con base a las expectativas y riesgos asumidos.
  2. Elementos que hagan mérito para presumirse válidos para la determinación de los aspectos que conforman el precio, o el costo que los compone.

La Superintendencia podrá establecer, según lo previsto en el artículo 18, los lineamientos para la planificación y determinación de los parámetros de referencia para la determinación de precios justos, y servirán a los efectos del cálculo del precio justo de los bienes y servicios a los cuales se refieran.

Régimen sancionatorio

En el Decreto se estableció en los artículos 42 y siguientes, las sanciones que podrá imponer la Superintendencia, entre las que se encuentra la multa, inhabilitación temporal y/o cierre temporal.

Procedimientos Administrativos y Recursos

El Decreto previó los “Procedimientos Administrativos y Recursos” a los que se sujetará la Superintendencia cuando inspeccione o fiscalice el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto,  e imponga las sanciones correspondientes.

Entrada en vigencia

El Decreto entrará en vigencia vencido el plazo de 90 días hábiles contado a partir de la publicación en la Gaceta Oficial número 39.715 de fecha 18 de julio de 2011, a excepción de los artículos 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 y 37 referentes a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, que entraron en vigencia a partir de la  publicación en Gaceta Oficial del Decreto.