La Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección General de Servicios Jurídicos, presentó observaciones y recomendaciones a la Comisión Permanente de Desarrollo Social de  la Asamblea Nacional con miras a incluir el tema de las personas con alguna discapacidad en el Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física.

La Defensoría propuso que se incorporara dentro de los propósitos del Sistema Nacional del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, un nuevo numeral que establezca  “desarrollar programas y acciones para la inclusión e integración de las personas con discapacidad”. Igualmente este Proyecto en su artículo 21 establece seis subsistemas: el Educativo, el Comunal, el Indígena, el Laboral, el de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Penitenciario. Allí la defensoría propone integrar un subsistema más: el de Personas con Discapacidad con lo cual se garantizaría “los planes, proyectos y programas para incorporar a las personas con discapacidad a la práctica de deportes, actividades físicas y la educación física”.

Se insiste también en que se le agregue al artículo 24, la siguiente redacción: “Asegurar la construcción, desarrollo y adecuación de la infraestructura dirigida al deporte, la actividad física y educación física para las personas con discapacidad”.

La Defensoría recomienda incorporar una Comisión Nacional para que asesore al órgano rector en materia de personas con discapacidad y asegure la adopción de políticas públicas y el desarrollo de programas para la integración de ese sector poblacional a la práctica deportiva en un acto de “equidad e igualdad”.

mente, la Institución defensora de Derechos Humanos le recomienda a la Asamblea Nacional incorporar un artículo contra la discriminación redactado  de la siguiente forma: “Se prohíbe en el deporte, la actividad física y educación física las discriminaciones por motivo de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales”.