Caracas, (AVN) .- La Defensoría del Pueblo anunció la creación de una instancia especial en materia de vivienda para dar seguimiento y acompañamiento a todos los planes habitacionales anunciados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, como parte de las políticas establecidas para dar solución a esta problemática.

La información la dio a conocer este jueves la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, durante su programa La Voz de la Defensoría transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV).
“Esta defensoría especial también hará seguimiento a las situaciones que puedan vulnerar el derecho a la vivienda de los venezolanos”, afirmó Ramírez, haciendo especial énfasis en los casos de las estafas inmobiliarias que han afectado a una gran cantidad de familias venezolanas.

Señaló que esta nueva defensoría permitirá procesar todas las denuncias que sobre materia habitacional se presenten, lo que permitirá conocer y estudiar la magnitud del problema.

Asimismo, dijo que se trata de una problemática nacional que atenta contra los derechos colectivos y difusos, por lo que ratificó el apoyo de Defensoría del Pueblo a todos los ciudadanos que se encuentren afectados por esta situación.

En este sentido, Gabriela Ramírez se refirió a la demanda admitida por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a favor de las 150 familias del Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega, este miércoles 16 de febrero, ante el inminente peligro de la zona donde están ubicadas las edificaciones.

La demanda fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo en virtud de la presunta vulneración de los derechos a la salud y la vivienda, así como de la amenaza contra el derecho a la vida de las familias que adquirieron y que habitan el mencionado conjunto residencial.

“Cuando se extinguió la fase de dialogo con la promotora Parque Terrazas de La Vega fue cuando acudimos a la interposición del amparo a la Sala Constitucional (del TSJ)”, recordó Ramírez, quien denunció la actuación manipuladora por parte de la empresa para generar enfrentamientos internos entre los vecinos residentes en el lugar.

De igual modo, apuntó que la promotora se ha escudado y justificado su falta de respuesta y trabajo para atender esta situación por la orden emanada por dicha Sala del congelamiento de las cuentas bancarias de la empresa.

“Ellos tienen el antecedente de que habían suspendido mucho antes estos trabajos y así lo expresaron los trabajadores (de la constructora) en una mesa de coordinación que se hizo la semana pasada con Indepabis. Nosotros podemos dar fe de la resistencia por parte de la empresa”, dijo.

Igualmente, dijo: “Esta orden (de la sala Constitucional) lo que está es albergando los cinco días para que ellos (promotora Terrazas de La Vega) hagan un plan de reubicación de estas familias.

Larry Devoe, director general de servicios jurídicos de la DP, explicó que el caso de estas familias de Terrazas de La Vega, no es nuevo, pues se trata de una situación que empezó desde el año 2005 debido a la construcción del conjunto residencial sobre una cuenca hidromorfológica que se activa durante la temporada de lluvias.

“Este problema no se inició con las lluvias de diciembre. Es para 2005 cuando se producen los primeros efectos de la irresponsabilidad de la empresa de construir una zona de riesgo”, comentó.

Gabriela Ramírez anunció, a propósito del tema de las estafas inmobiliarias, que iniciarán mesas de dialogo en los estados Monagas, Zulia y Bolívar, donde también se han presentado denuncias en torno a esta materia.