Caracas, (EUD).- Una semana después de que demandara a la constructora de Terrazas de La Vega, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, exigió de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que "en los próximos días" se pronuncie en relación con su solicitud para que ordene a la empresa a reubicar a las 150 familias cuyas viviendas presentan desperfectos.

La petición la formuló la encargada de velar por los derechos humanos de los venezolanos ayer, al instalar la mesa interinstitucional que aborda la situación en la que se encuentra el complejo habitacional del suroeste de Caracas.

Ramírez indicó que si los informes técnicos que están realizando arrojan que el terreno no es seguro, entonces solicitará al máximo juzgado que ordene a la empresa el traslado de todas las familias que compraron en esa urbanización. En caso contrario, "se levantará la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes y la gente podrá disponer de ellos".

Precisamente, la orden del Instituto de Defensa de las Personas para el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), que impide vender a los dueños de apartamentos en Terrazas de La Vegas, fue protestada por unos vecinos, quienes se congregaron ayer ante la sede de la Defensoría.

Interrogada sobre la eventual responsabilidad de los ingenieros municipales que durante la gestión de Freddy Bernal dieron el visto bueno para que los edificios sean habitados, la defensora dijo que "es probable" que se puedan interponer acciones contra ellos, pero dejó esa decisión en manos de los afectados.