Contraloría de la República
Contraloría General estudia aumentar la duración de las inhabilitaciones de políticos
Miércoles, 30 de Marzo de 2011 16:17
Caracas, (EFE).- El contralor general, Clodosbaldo Russián, afirmó hoy que el órgano que dirige tiene el propósito de "atacar con más fuerza" los casos de corrupción y por ello ha solicitado la ampliación de 15 a 18 años de la pena máxima de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
"(La idea es que) nosotros, en vez de poder inhabilitar hasta por 15 años, los llevemos a la mayoridad, a los 18 años", señaló Russián, en declaraciones difundidas hoy por la emisora Unión Radio, en momentos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) examina la inhabilitación del político venezolano Leopoldo López.
El contralor explicó que este punto se encuentra en un proyecto de ley presentado anoche en la Asamblea Nacional que busca facilitar la supervisión y mayor garantía de la eficiencia en la administración de los recursos estatales.
Russián aseguró al canal estatal VTV que el objetivo de esta medida es que se logre una aplicación "inmediata" de las inhabilitaciones, sin que haya privilegios para aquellos funcionarios elegidos por votación popular.
"Y no sólo pedimos eso, sino que las actuaciones de la Contraloría tengan la suficiente consistencia para que en otras áreas de la administración de la justicia en Venezuela puedan también implementarse", añadió.
López demandó al Estado venezolano ante la CorteIDH con el alegato de que fue inhabilitado por supuestos actos de corrupción cuando era alcalde del municipio caraqueño de Chacao, por, según dice, la conculcación de su derecho a la defensa y a una sentencia judicial.
Según el alegato de López, que asegura que hay 574 políticos en su misma situación en Venezuela, en el país no se cumple la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el punto que establece que la inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos solo se puede producir mediante sentencia penal firme.
La Contraloría de Venezuela es el órgano constitucionalmente habilitado para hacer la inhabilitación y sólo puede ser levantada por el Tribunal Supremo de Justicia, según Russián.
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