Caracas, (EUD).- Veintidós. Ese es el número de expedientes relacionados con hechos de corrupción que la Contraloría General de la República remitió a lo largo del año 2009 al Ministerio Público para que los investigue.

La información figura en el informe de gestión que el contralor Clodosbaldo Russián presentó esta semana a la Asamblea Nacional. Ninguno de los expedientes está relacionado con el tema de los alimentos descompuestos, aun cuando el organismo encargado de velar por el buen manejo de los fondos públicos tiene más de dos años advirtiendo sobre irregularidades en la importación, almacenamiento y distribución de alimentos por parte de empresas públicas.

En 2009, la Contraloría realizó una inspección a la aduana principal de La Guaira y allí se encontró con 305 contenedores abandonados que contenían comida. Al revisar algunos de esos contenedores se encontró con carne de pollo, res o leche en polvo vencida o a punto de vencerse.

14 de los 22 casos se refieren a enriquecimiento ilícito o falseamiento de datos de la declaración jurada de bienes por parte de funcionarios públicos, cuya identidad y número no se reveló. La mayoría de los expedientes que Russián remitió al Ministerio Público para que los procese están relacionados con hechos cometidos en organismos de la administración descentralizada; es decir gobernaciones y alcaldías.

Más inhabilitaciones
En su informe el contralor también da cuenta de que el año pasado inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos a 70 personas, entre ellas destacan los ex gobernadores de Guárico y de Amazonas, Eduardo Manuitt y Bernabé Gutiérrez, respectivamente.

Entre los sancionados tampoco figura ningún funcionario o responsable de la Procesadora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), de Mercados y Alimentos (Mercal), de los ministerios de Alimentación (Minal) o Tierras, responsables de la compra en el exterior, del resguardo y de la venta de alimentos.

Al presentar su informe ante el Parlamento, Russián anunció que en lo que va del 2010 su despacho ha inhabilitado 55 personas más.

Desde el año 2002 más de 600 funcionarios han sido sancionados con penas que le impiden ejercer cualquier labor en la administración pública. Unas 2 millones de personas es en la actualidad la nómina de los distintos organismos del Estado.