La representante de la Agencia de la ONU para la atención de refugiados (Acnur), Terry Morel, llamó la atención sobre algunos de los riesgos que están implícitos en la llamada Ley de Víctimas, haciendo énfasis en el hecho de que algunas de esas personas pudieran aceptar representar los intereses de sus antiguos victimarios, de terceras personas que actuaron como determinadoras o de quienes han sacado provecho del  conflicto armado.

“Conociendo estos riesgos, las autoridades en su conjunto, debieron adoptar todas las mediadas encaminadas a evitar el incremento de los mismos, la estigmatización hacia las víctimas y el manejo de los medios de comunicación de casos que aun se encuentren en investigación y sobre los cuales no se ha presentado el debate suficiente”, declaró la representante. Omisión que a su juicio termina fomentado ese tipo de hechos, además de vulnerar los legítimos derechos de las comunidades afectadas, las redes de protección que las acompañan y minan la posibilidad de recibir la restitución a la que por ley tienen derecho.

SOMBRAS DE DUDAS

Morel consideró que existía un vacío en torno a las investigaciones que le competían al Estado, las cuales a su juicio no podían ser trasladadas a otras instancias, recordando un pronunciamiento de la Corte del año 1998 en el que las irregularidades dentro de algunos de los procesos no podían entenderse como el que ese tipo de hechos no hubieran ocurrido o que las víctimas no hubieran sido objeto de un acto violento.

“Las autoridades a cargo de investigaciones criminales y la Unidad de Víctimas deberían avanzar de forma más decidida en la cualificación de la información, superando las sombras de dudas que deja el hecho que el 99 por ciento de los casos de desplazamiento no hayan sido investigados y que por otro lado se señale que un porcentaje significativo de la población registrado en el sistema de información y víctimas haya logrado su restitución de manera fraudulenta”, explicó la delegada de las Naciones Unidas.

La alta funcionaria insistió en descalificar la falta de certeza jurídica que hay sobre algunos de estos casos, así como el hecho de que en Colombia daba la impresión de que este tipo de irregularidades nunca hicieran tránsito a cosa juzgada, incrementando los niveles de riesgo para la población, generando una serie de incentivos para aquellas personas interesadas en aprovecharse de esa inseguridad política con el fin de poder controvertir la determinaciones que ya han sido tomadas por parte del máximo tribunal en la materia, como lo es la Corte Constitucional.

Para la ONU no deja de ser motivo de preocupación el hecho de que la “línea de información” pudiera estar determinada por las preguntas de los distintos medios de comunicación hacen a funcionarios del Estado sobre hechos particulares en los que a su juicio se ha terminado desinformando a la opinión pública a partir de sus interpretaciones sobre lo ocurrido.

Situación que de acuerdo con Morel fue la registrada para el caso del masivo desplazamiento que tuvo lugar en la hacienda Las Pavas, en el que resultaron afectadas más de 120 familias entre las cuales había personas que se habían hecho pasar por víctimas, por lo que la delegada urgió la necesidad de una colaboración armónica y efectiva dentro de las diferentes entidades del Estado.

SEGURIDAD CUESTIONABLE

La delegada también consideró que teniendo en cuenta las cifras sobre el número de personas desplazadas para el periodo 2007 – 2010, en la que una cantidad aproximada de 1.499 víctimas del conflicto fueron asesinadas, se debería adelantar una identificación de las causas con el fin de tomar las respectivas medidas para poder proteger de manera más eficaz a las personas en situación de vulnerabilidad.

No obstante, sobre el particular resaltó el hecho de que las personas asesinadas durante el mencionado periodo carecían de los más mínimos accesos a los esquemas de seguridad asignados por el Estado demostrando la ineficacia que podría plantear el programa diseñado hasta la fecha, no obstante las advertencias que en tal sentido formulara la ONU ante la Corte Constitucional en el año 2009.

A su turno, pese a que la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, resaltó la importancia del informe presentado por Acnur también destacó el hecho de los avances en la materia haciendo especial énfasis en lo que hace referencia a temas de Justicia y Paz como de la Unidad de Desplazamiento que fuera creada al poco tiempo de tomar el cargo.

“Sé que  todavía son cifras humildes, pero a veces los funcionarios públicos nos sentimos que estamos sobrecogidos por la inmensa carga del peso que tenemos sobre una realidad tan  grande, dolorosa y pavorosa como lo ha sido el conflicto armado en Colombia”, afirmó la fiscal a la par de manifestar la intención de trabajar junto con la sociedad civil, a fin de poder escuchar a las víctimas y alcanzar una perfecta colaboración con los organismos internacionales.

No obstante la titular del ente investigador también declaró haber sentido una serie de “pequeños reproches” sobre el tema de falsas víctimas, a los que respondió asegurando que la Fiscalía no podía cerrar los ojos ante ninguna realidad delictiva que fuera puesta en conocimiento de su despacho.

“Cuando supimos el informe de lo que había pasado de Mapiripán la primera respuesta de la fiscal general fue la de que se comprobó que un número importante de quienes habían pasado como víctimas no lo eran, pero no por ello se podía desconocer que había habido una masacre y una participación de grupos paramilitares en esa situación”, puntualizó Morales resaltando que la institución a su cargo no podía obrar con imparcialidad, pero tampoco podía desconocer los elementos probatorios presentados por uno y otro lado de los actores del conflicto armado.

En tal sentido, la fiscal destacó el hecho de haber ido a constatar personalmente la situación de la hacienda Las Pavas asegurando que para el año 2009 la Fiscalía no había tenido en cuenta la realidad de lo ocurrido durante la década anterior, que en la actualidad es objeto de investigación por parte de su despacho. (TERRA)