La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala cambió hoy a la jueza que procesaba por genocidio y crímenes de guerra al general (r) golpista José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y otros exaltos cargos militares, tras ser acusada de "parcial" por la defensa.

La jueza Carol Patricia Flores dijo a periodistas que, por disposición de los magistrados de la CSJ, quedó fuera del proceso, tras haber sido recusada por los abogados de los también generales retirados Mauricio Rodríguez y Héctor Mario López Fuentes, quienes son imputados en el mismo caso. Los defensores acusaron en noviembre pasado a Flores de ser "parcial" en sus fallos, por lo que pidieron al tribunal supremo dejarla fuera del proceso y nombrar a otro juez.

Flores es titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo de ciudad de Guatemala y el caso pasó a manos de su colega del Juzgado B de Mayor Riesgo de la misma jurisdicción, Miguel Ángel Gálvez.

La jueza fue notificada de esa decisión minutos antes de iniciar una audiencia en la que conocería una petición de la defensa de Ríos Montt, que el pasado viernes solicitó ser beneficiado por una amnistía decretada en 1986.

Gálvez suspendió la audiencia y la reprogramó para el próximo 1 de marzo.

El decreto 8-86 fue firmado por el general golpista Oscar Mejía Víctores (1983-1986), a quien también se le archivó el año pasado un proceso por genocidio debido a que el tribunal lo declaró incapaz de afrontar un juicio penal por un derrame cerebral.

Sin embargo, el abogado Edgar Pérez, de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), querellante en el proceso contra el militar retirado, confía en que se le niegue la solicitud a Ríos Montt.

Según Pérez, es contradictorio que el exjefe de Estado de facto pida beneficiarse de la amnistía, pues siempre ha dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia para que se esclarezcan los delitos que se le imputan.

Ríos Montt, quien goza de arresto domiciliario, es investigado como responsable de al menos once masacres cometidas por miembros del Ejército guatemalteco en contra de comunidades indígenas durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983, que le imputa la Fiscalía de Derechos Humanos. (EFE)