Representantes de presos venezolanos denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que en las cárceles del país no se garantizan los derechos a la vida y la integridad personal de los reclusos, informaron hoy organismos defensores de los derechos humanos.

El Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 (Cofavic) y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil) afirmaron que Venezuela incumplió el fallo del caso Retén de Catia (2006), donde se obligaba al Estado a mejorar las condiciones de vida en las prisiones.

“La impunidad, el hacinamiento, las violaciones al debido proceso, el trato degradante a los internos y la violencia siguen siendo los principales problemas en las prisiones venezolanas”, destacó hoy el Cejil en un comunicado.

Las denuncias se efectuaron en una audiencia privada celebrada el miércoles en San José, sede de la Corte, donde los portavoces de los afectados pidieron a los jueces reiterar a Venezuela su obligación de adoptar las medidas necesarias para que adecúe las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales de derechos humanos.

En esta audiencia, también se analizaron las medidas cautelares dictadas por la Corte en 2006 y 2007 relacionadas a la protección de la vida de los reclusos en los centros de “La Pica”, “Yare I”, “Yare II”, la cárcel de Uribana, “El Rodeo I” y “El Rodeo II”.

En 1992 murieron en el internado judicial de Los Flores de Catia (Venezuela) 63 internos por ejecuciones extrajudiciales y hubo 20 desapariciones forzadas, según cifras del Ministerio Público venezolano citadas en el comunicado.

Por este motivo, la CIDH emitió el 5 de julio de 2006 una sentencia en la que afirmó que en ese centro penal se usó una fuerza desproporcionada por parte de los funcionarios, quienes violaron el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial, entre otras garantías.

Asimismo, determinó que el Estado venezolano tenía que identificar y procesar a los responsables de estos crímenes.

Sin embargo, los representantes de los reclusos víctimas de los abusos afirmaron que el caso Retén de Catia sigue “con total impunidad”, porque no se han cumplido ninguno de los puntos de la resolución.

Además, pidieron que “cualquier acción de cumplimiento sea previamente acordada por el Estado con las víctimas y representantes” y solicitaron a Venezuela que realice “un cronograma con los plazos bien establecidos para que el Tribunal pueda vigilar el cumplimiento de la sentencia”.

Actualmente, se está haciendo una evaluación de la actual situación en los centros penitenciarios venezolanos y se espera que en los próximos meses la Corte Interamericana se pronuncie.

La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros.