BUENOS AIRES, (UPI) -- El Consejo de la Magistratura ordenó la suspensión del juez de la Cámara Federal de Mendoza Otilio Romano y pidió que sea removido de su cargo por mal desempeño.

Romano se encuentra procesado en una causa en la que se investigan más de un centenar de delitos de lesa humanidad cometidos por la Triple A y la dictadura militar. A partir de la decisión tomada por unanimidad en el Consejo de la Magistratura, el camarista será apartado de sus funciones mientras el jurado de enjuiciamiento define su situación. A lo largo de los últimos dos años, el CELS y otros organismos de derechos humanos presentaron denuncias contra Romano, quien fue citado en varias oportunidades para rendir cuentas ante el Consejo, pero las audiencias se suspendieron sin mayores justificaciones. En esta ocasión el juez envió su descargo por escrito, declaró ser víctima de una "patraña judicial" y sostuvo que las fuerzas armadas y la policía actuaban de manera clandestina durante el terrorismo de Estado, por lo que no pudo ser partícipe de un accionar que desconocía. No obstante, el juez federal Walter Bento, quien procesó a Romano a principios de este año junto a otros funcionarios judiciales de Mendoza como el camarista destituido Luis Miret, consideró que todos ellos fueron partícipes en delitos de lesa humanidad de los que tomaron conocimiento en su carácter de jueces, fiscales o defensores, entre 1975 y 1983. Los procesamientos dictados por Bento fueron confirmados por la Cámara Federal mendocina. Según consta en el dictamen elaborado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, Romano, quien se desempeñaba como fiscal, rehusó investigar diversas denuncias de víctimas y familiares por desapariciones, secuestros, torturas y robos.

Esta decisión implica un paso fundamental para demostrar la complicidad de algunos funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado. Avanzar en la renovación y democratización del Poder Judicial es una asignatura pendiente de la democracia argentina y el Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de asumir su rol en ese recambio. En los próximos meses el jurado de enjuiciamiento deberá definir la destitución de Romano y demostrar que es inadmisible que un magistrado procesado por crímenes de lesa humanidad continúe en su cargo, completó el CELS.