Viernes, Noviembre 28, 2014
   
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TSJ abrió expediente contra jueza de Ciudad Guayana

A través del oficio Nº 3952-10 de la Inspectoría General de Tribunales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ordenó abrir el expediente administrativo Nº 100478 contra la jueza Maximiliana Cristina Gil Millán, titular del Tribunal Primero de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer.

La investigación iniciada contra esta magistrada tuvo su origen en una serie de denuncias realizadas por Odette Graffe Ramos, abogada defensora de Luis Tábata, de 67 años de edad, respecto a una serie de irregularidades ocurridas en el proceso judicial por delitos contra la mujer que afronta este empresario de Ciudad Guayana. “En el caso se han venido presentando una serie de vicios que afectan indudablemente la legalidad de la denuncia. Ante esta situación, en las próximas horas viene a la ciudad un investigador de la Inspectoría General de Tribunales para la revisión del caso que se lleva contra el señor Luis Tábata”, aseguró Graffe.

Reveló que entre las irregularidades existentes está la falsificación de la firma del médico forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el supuesto examen que se practicó a la denunciante. “Esta situación es de conocimiento de varios jueces y no se han tomado las medidas pertinentes”, indicó la jurista.

Graffe señaló que la denuncia de estas anomalías fue llevada hasta el TSJ, ya que en las instancias regionales “no se tomaron los correctivos necesarios y continuaron violándole los derechos constitucionales de mi defendido. Los funcionarios que han tenido conocimiento de esto también son cómplices, porque están al tanto de un hecho punible y no lo denuncian”.

Cabe recordar que Tábata fue detenido el 17 de julio del corriente año por funcionarios del Cicpc, luego que la supuesta víctima formalizara la denuncia ante este organismo el 8 de julio, dos días después de la presunta violación. Durante la audiencia de presentación se le dictó medida privativa de libertad, pero por razones de salud la decisión fue cambiada a arresto domiciliario.

Actualmente el caso se encuentra en un limbo judicial, ya que el expediente fue remitido al Tribunal Cuarto de Control con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer, en Ciudad Bolívar, pero el magistrado fue destituido y la comisión judicial del TSJ no ha nombrado a un nuevo juez.