Lunes, Julio 28, 2014
   
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Ley Penal de Desarme prohibirá comercialización de armas por parte de particulares

Caracas, (AN).- El Estado es el único que tiene el monopolio de las armas en Venezuela para su seguridad y defensa del país, por ende, con esta Ley Penal para el Desarme y Control de Municiones se prohibirá la comercialización de armas por parte de particulares.

Así lo informó el diputado Juan Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa, en el marco de la Comisión Delegada que se realizó en la sede del Parlamento.

De una manera muy responsable, la Asamblea Nacional, cumpliendo con lo programado en su agenda legislativa, tiene previsto, en la próxima sesión ordinaria, iniciar la segunda discusión de esta ley, que es uno de los instrumentos revolucionarios que van a contribuir de una manera efectiva en el combate contra la inseguridad en Venezuela. Reiteró el parlamentario que en el país existían en el año 98 más de 4.000 mil armerías, “nunca hubo la voluntad política en los últimos años de la IV República para legislar sobre el tema y permitieron que existiera esa cantidad de armerías y municiones sin registro y sin control. Había un mercado libre de armas que siguen circulando en la calle, pero hoy no hay más de 110 armerías, se redujo en 97% la venta autorizada de armas”.

Mendoza resalta que se trata de una reforma integral que trae aspectos propios en materia de armas y municiones para cubrir aspectos conceptuales, disposiciones propias de una ley penal y un conjunto de procedimientos.

En materia de porte, además de tener 25 años, solo se proporcionará licencia para una sola arma y la cantidad de 25 cartuchos, los cuales deberán estar codificados, de manera tal que la persona a quien se le autorice la licencia del porte o tenencia de un arma también es responsable de estos cartuchos. Sin embargo, también serán aplicados diversos exámenes sicológicos, y en el caso de personas jurídicas o empresas de vigilancia deberán poseer un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, similar a cuando se posee un vehículo.

Aclaró que el proyecto de ley establece que los consejos comunales participan en la política preventiva y tienen la facultad de solicitarles a los órganos competentes la suspensión de porte o tenencia de armas a personas de su municipio o circunscripción que pongan en riesgo o en peligro la seguridad ciudadana en esas zonas.

De la misma manera, tendrán participación, pero para una política de desarme, la Iglesia y la Cruz Roja Venezolana.

Destacó que la política de desarme es en general, sean o no funcionarios, así que se deben aprovechar los 180 días que se establecen para que los individuos vayan a hacer la entrega voluntaria de las armas para los efectos del registro. Y quienes no entreguen el arma serán castigados con un conjunto de sanciones que van desde una pena básica hasta siete años.

“Los funcionarios públicos, policías o miembros de la Fuerza Armada operan en función del servicio con sus armas orgánicas asignadas y las mismas, una vez cumplido el desempeño de sus funciones, deben guardarse en su respectivo parque de armas, salvo que por causa justificada haya un superior inmediato responsable y autorice portar el arma.

Finalmente, el presidente de la comisión dijo que el Parlamento siempre ha estado preocupado por la seguridad del país, “puedo decir que el año pasado se aprobó la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, es decir, es una preocupación permanente, una posición coherente del problema, no es electorera, sino de coherencia de las políticas del Estado hacia la seguridad pública. Esto responde a toda una planificación, no es el Parlamento, es el Estado venezolano que está preocupado por la seguridad”.

Estamos listos para el debate de este proyecto que contiene alrededor de 80 artículos, así como 12 disposiciones transitorias.